24 de julio de 2014

Las Vergüenzas de España: La Justicia

"Donde hay muchos soldados, no hay paz; donde hay muchos policías, no hay libertad y donde hay muchos abogados, no hay justicia". 

Creo que la cita que antecede es un proverbio chino y si no lo es importa poco. 

DEMASIADOS ARANDO EL MISMO HUERTO

En España hay muchos abogados colegiados, más o menos uno por cada 400 habitantes; o sea, licenciados en derecho que se supone ejercen y viven de ello y a los que hay que añadir procuradores en tribunales que, antes no, ahora tienen que ser licenciados en derecho.  

Con esa proporción de picapleitos/habitantes tan alta ¿a que no adivinan cual es la profesión mayoritaria de los políticos en España? ¡bingo! El 75% de los políticos españoles, según The Economist, son licenciados en derecho. En USA son el 25%, en Portugal el 45% y en Suiza, por citar tres paises que pueden servir de referencia en nuestro caso, algo menos del 50%. Somos el país de la OCDE que más licenciados en derecho tiene en la clase política. Eso mosquea mucho.

Puede parecer lógico que quienes están destinados a promover y desarrollar leyes sean profesionales del derecho ¿hasta el punto del 75% de ellos? ¡una barbaridad! Una situación que sólo va a permitir, creo yo, una visión túnel, propia de donde falta o escasea la aportación -tantas veces descontaminada, atrevida y creativa- del que ignora la técnica y no está sometido a ella, o a las normas. Leyes son necesarias, pero cuantas menos mejor y cuanto más  universales y menos densas, más claridad. 

Esta marabunta española de políticos licenciados en derecho genera, forzosamente, vicios socialmente indeseables: la retroalimentación permanente de unos y otros, de distinta ideología, que hacen o imposible o eterna la elaboración y desarrollo de leyes imprescindibles (dos de ellas como ejemplos hirientes de la apatía, vagancia y dejadez de nuestros políticos: Ley de Huelga, actualmente se rige por un decreto preconstitucional de 1977; Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y sus familias, conocida como «ley de dependencia», sin presupuesto y sin desarrollar desde 2008 a pesar de que hay tres años para analizar y gestionar las medidas pertinentes para hacer posible su ejecución) y leyes necesarias que van desde el Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas ¡liada por el asunto de las autonomías! porque cada vez es más dificil legislar para tantos desiguales, hasta el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y 57 leyes entre Senado y Congreso que están en tramitación o tramitadas pero con enmiendas que deben recogerse y que, por lo tanto, todavía no están en vigor.


Si a lo anterior añadimos que ahora se plantea la revisión, modificación o lo que sea de la ley de leyes, La Constitución, se puede llegar a dos grandes conclusiones:

1) la labor de desarrollo de leyes en España está en manos de vagos, ineptos, perezosos, indolentes e incompetentes y
2) de 1978 para acá todo lo legislado es precario, necesitado de revisión o cambio dada la inutilidad de la clase política para gestionar el bienestar y la igualdad de todos los españoles y su defensa frente a terceros, que es de lo que se trata.

Se ha legislado para contentar a unos y otros, no para hacer posible la justicia ni para establecer un ámbito adecuado para las relaciones de individuos e instituciones. Remiendo va, chapucita viene.  

La conclusión es que para hacer leyes y aplicarlas hay tantos profesionales arando el huerto que se molestan unos a otros y los árboles no permiten ver el bosque. Una calamidad. Eso, estrictamente por la parte de las herramientas y conocimientos necesarios para la elaboración de leyes. Vayamos, pues, a ver el panorama de su aplicación ¡ay!

DE AQUÍ A LA ETERNIDAD

En Ex-paña los pleitos son eternos y se eternizan más -parece imposible eternizar la eternidad, pero aquí ocurre y se ha demostrado con, por ejemplo, Los Albertos- si las componendas de jueces y fiscales, abogados y líderes políticos o personajes de la realeza ven posibilidad de llegar a la prescripción del delito. De aquí a la eternidad y todos de rositas.

Por la otra parte, la eternidad de un juicio que finalmente dicta la no existencia de delito o la inocencia de la parte encausada, machaca irremediablemente el honor, la fama y la reputación de las personas, deja a menudo sin trabajo a los denunciados y no hay forma de compensar ese enorme daño moral y reponer esos años de sufrimiento. A pesar de los "juicios rápidos", denominación de coña -y ¡vaya! de origen- en España antes de seis meses es difícil, depende de la vía, obtener justicia y las demoras pueden superar los diez años y no excepcionalmente. Un juicio en USA se produce en horas o días; si es penal con sangre o complejo burocráticamente, en meses (véase Bernard Madoff, en diciembre 2008 detenido, en junio de 2009 sentenciado a 150 año de prisión).

Ahora no me vengan con que hay pocos medios ¡desde hace 40 años! o con que la justicia es lenta pero inexorable. Si lenta, no es justa; inexorable lo suele ser para aquellos que han sido torturados con esperas y dilaciones inexplicables. España, con 81,7 puntos, tenía en 2008 el índice más bajo de casos resueltos en relación con los recibidos -siendo 100 el nivel de equilibrio, tantos procedimientos aperturados como terminados- y esa es una realidad incuestionable que ningún gobierno ha sabido o querido atajar, seguramente porque, una vez en el poder, no interesa.  

ILEGÍTIMO, IMPRODUCTIVO y PERJUDICIAL

Entre 1975 y 1978, o mejor 1981, se produce esa etapa que denominan La Transición y que trató de pasar de un régimen absolutista y autoritario a uno democrático y de derecho con el consenso de los principales representantes de las posiciones políticas, de izquierda a derecha, pero en una atmósfera socialmente inaceptable por la presión bestial del terrorismo (ETA y Grapo) que, en esos años, se cobró más de 500 víctimas mortales. El sistema, como no podría ser de otro modo, pretendía sustentarse en la independencia de los tres poderes, la trias política, y eso es lo que nos vendieron, nos venden y nos venderán para simular un estado social y avanzado en libertad, en derechos y en protección del individuo. Nada de nada. 

El estado español hoy es una monarquía parlamentaria cuya jefatura ostenta el hijo de un rey coronado por el deseo y la gracia de Francisco Franco; su legitimidad es producto de un trapicheo político que parió una constitución y que no fué votada por el 41% de los españoles con derecho a voto. El parto alumbró políticos electos por sus propios partidos (listas cerradas), una ley (Dhont) que premia lo residual y excepcional frente a lo general y habitual, gobiernos que nombran y destituyen jueces y fiscales e innumerables instituciones y entidades (parlamentos autonómicos, regímenes especiales) que lastran la capacidad ejecutiva y hunden en la miseria económica al estado. Son constantaciones de la realidad de España hoy, una nación que pelea hasta por su identidad física a proa, estribor y babor y ¡a estas alturas!

La justicia no puede existir allí donde está intervenida por los partidos políticos y los gobiernos de turno, no puede sobrevivir allí donde las principales leyes están permanentemente en cuestión y no puede ser equitativa allí donde en un mismo juicio, en una sesión de una vista, las partes pueden, alegremente, expresarse en dos idiomas porque su constitución se lo permite y los traductores jurados ¡qué bochorno! los pagamos todos.

En serio, la justicia en España no es seria; es una de nuestras grandes vergüenzas. 

P.D.: Estas reflexioncillas que estoy llamando Las vergüenzas de España sólo pretenden trasladar mi visión personal de la situación a hijos, sobrinos y amigos que están todavía aterrizando en la vida adulta y que leen por aquí algunas impertinenecias y divagaciones.