Cómo el régimen autonómico del estado español ha generado, propiciado, corrupción al por mayor y cómo la corrupción -precisamente- genera esa exacerbación independentista es la base de la reflexión que quiero hacer en estas líneas.
Vamos con el nacionalismo. Si un Estado sólido debe tener, en primera instancia, alguna característica esa -a mi juicio- debe ser la incuestionabilidad de su territorio; no sólo físicamente, también inequívocamente acompañado por valores de pertenencia. Hoy sufrimos las consecuencias del diseño de un Estado que construyó un edificio que padece aluminosis severa; no está claro si en varias de sus plantas o en toda la estructura. No se trata tanto de que en determinadas autonomías haya más o menos separatistas, partidarios de independizarse de España y sean más o menos y tengan mayor o menor peso. Se trata, a mi modo de ver, de que las atribuciones dadas a las autonomías, por un lado, y las conchabanzas de los principales partidos políticos con formaciones nacionalistas para gobernar allí donde la suma de votos lo hacía posible, han traido esta ruina moral que en forma de corrupción asola el estado y no ha solucionado, para nada, el problema del separatismo. Véase Jordi Pujol y asociados.
Las alabanzas a la gestión de Suárez, que son en realidad vítores al monarca que lo nombró, me parecen absolutamente exageradas. Pasar de un régimen autoritario a uno democrático era deseo de todos los españoles, un clamor que se expresó en todos los casos en que la violencia quiso cambiarlo y de modo especial en las manifestaciones posteriores a los asesinatos de Atocha. El auténtico problema no era el qué, era el cómo.
Muchos sostienen que por no hacer Estado, por no pecar mínimamente de centralismo, se construyeron al menos quince reinos independientes del reino, es decir quince taifas subsumidas en una idea borrosa de nación. De ahí al caos no media ni un suspiro.
Yo me he leído la Constitución Española en una ocasión y he releido varios de sus Títulos, especialmente el VIII que es un despachar simple y, para mi, absolutamente periférico, el problema secular del nacionalismo en España. Véase en dicho Título su segundo apartado "2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales."
Esa era la intención del legislador que, a lo largo de más de treinta y cinco años se ha materializado justamente en la aplicación, e implicación por tanto, de todo tipo de privilegios, especialmente económicos para aquellos que son capaces de aplicar, sistemáticamente, una mayor presión política. Justamente lo contrario de lo que pretendía el espíritu el Título VIII, pero probablemente también el Título IV -Del Gobierno y de la Administración- y de toda la norma en su conjunto, que concede magnánimamente la iniciativa legislativa a entidades más allá del Parlamento o la Jefatura del Estado.
Leído el Título VIII uno no sabe cómo denominar la configuración administrativo territorial de España ¿es un estado federal? Las Autonomías tienen todos los atributos de ello salvo la capacidad -como la tiene los Estados pertenecientes a un Estado federal- de darse o reformar su propia constitución.
En el Capítulo III del Titulo VIII, artículo 2 se "reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones". Es la línea de salida de los estatutos. Es la muestra paladina de la holganza de los padres constituyentes que, después de un periodo de estado integral autoritario, absoluto, no quisieron trabajar más a fondo el problema, el nudo gordiano, del diseño de un nuevo estado; incapaces de construir un armazón sólido dejaron un "estado de la autonomías", a base de establecer jurídica y políticamente categorías inútiles. Una letra y un espíritu absolutamente insuficientes.
Pero ese estado autonómico parte de una realidad que lo diferencia de una estructura federal: no hay un pacto de entidades soberanas preexistentes sino que de acuerdo con la propia Constitución "es la nación o el pueblo en el ejercicio de su soberanía, el titular de un poder constituyente que define una estructura política compleja, con una división territorial del poder, en que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran".
Es decir, la nación le dijo al país o a la región: tú serás nación y yo seré país dependiendo del estado de la nación y del gobierno del país y si nos asociamos o no o nos separamos o sí.
1) una misma candidatura no cotiza sino alcanza, al menos, el 3% de los votos válidos. No me gusta ni un pelín. Pero cuentan, porque son válidos y cuentan ¡para los adversarios! por medio del Sistema D'Hondt que asigna mi voto válido a una candidatura, que no alcanzó el 3%, a los que sí lo alcanzaron.
2) ¿pero qué son votos válidos? voto válido es aquel que se otorga a una candidatura y aquel que se realiza en blanco; el voto nulo no es voto válido ¿válidos para qué? el de candidatura es obvio que para nominar, el voto en blanco parece que quiere expresar insuficiencia de oferta y el voto nulo ¿no quiere decir nada y por ello no es válido? el voto nulo, entiendo, es la expresión de la frustración y, generalmente, en la papeleta el votante anónimo pone negro sobre blanco la causa de su rabia. Los votos nulos no serán votos válidos pero son contundentes; los votos en blanco, sin embargo, son votos válidos ¿válidos para qué? Para lo mismo que los votos nulos.
3) La división en circunscripciones provinciales se diseñó, a propósito, para favorecer a las mayorías. Una candidatura puede alcanzar mayoría absoluta con el 35% de los votos -después del reparto perverso de los votos que no alcanzaron el 3%- y unos pocos puntos porcentuales respecto del segundo ¿Mayoría absoluta no era, al menos, el 51%? Pues no.
En la Ley Electoral española importa el tamaño de la circunscripción, y mucho. Si en vez de provincial, la circunscripción electoral fuera única, unos 70.000 votos -entre 26 millones de votantes- valdrían para tener un representante en el Congreso; al asignarse por provincias, 70.000 votos atomizados en varias circunscripciones no valen para absolutamente nada. Perdón, valen para engordar a los sobrealimentados.
La Ley Electoral no va a ser modificada, es la gallina de los huevos de oro de los partidos mayoritarios; es la salvaguarda de sus corruptelas.
La decoración interior del edificio España se adornó con figuras como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, para los obsesos de la play station y wii) que es una cosa totalmente politizada, innecesaria y por lo tanto inútil o la intromisión de la política en los servicios financieros (Cajas). Las llaves de la caja fuerte.
Vamos terminando. Fue una etapa sin duda complicada, pero podían habérselo trabajado bastante más y un poco mejor. Pasaba el tiempo y el "hecho" hereditario se iba consolidando; se hicieron frases bonitas -"de la ley a la ley a través de la ley"- más por el ingenio de alguno que por la patente realidad.
Superados algunos gestos de intranquilidad militar, parieron los montes.
En el diseño de la criatura no se tuvo en cuenta que el progreso de la humanidad y el de un estado -se configure como se configure- no se origina por la voluntad de los políticos, politiquillos y politicastros, menos aún por el ejercicio de su poder o la voluntad de sus reyes. El progreso se origina en la creatividad y emprendimiento de los individuos en libertad y en su relación con otros, especialmente los más próximos. Aquí decidieron instalar aduanas y fronteras, potenciar diferencias -hechos diferenciales- atrincherar la relaciones comerciales y, lo que es más grave de todo, ceder y cuartear la educación y la sanidad de todos los españoles.
Ignoro si por las entrañas de la Constitución o -lo que es más improbable y esforzado- por medio de grandes acuerdos con grandes mayorías, pero esto hay que cambiarlo para dejar de estar permanentemente pendientes de las minorías que consiguen maniatar a las mayorías. Y al progreso. No sólo por justicia, ni siquiera por justicia y equidad, tampoco por economía: por sentido común, para evitar a otras generaciones las carencias y desigualdades de un régimen político que por tratar de contentar a muchos, alcanzar el poder a cualquier precio y mantenerse en él, ha producido más indecencia que honestidad.
Superados algunos gestos de intranquilidad militar, parieron los montes.
En el diseño de la criatura no se tuvo en cuenta que el progreso de la humanidad y el de un estado -se configure como se configure- no se origina por la voluntad de los políticos, politiquillos y politicastros, menos aún por el ejercicio de su poder o la voluntad de sus reyes. El progreso se origina en la creatividad y emprendimiento de los individuos en libertad y en su relación con otros, especialmente los más próximos. Aquí decidieron instalar aduanas y fronteras, potenciar diferencias -hechos diferenciales- atrincherar la relaciones comerciales y, lo que es más grave de todo, ceder y cuartear la educación y la sanidad de todos los españoles.
